ICL: a un pas abans del Tribunal de la UE

La Generalitat, a punto de ser llevada al Tribunal de la UE por la contaminación del Llobregat con residuos salinos

  • El dictamen motivado sostiene que la mala gestión de los desechos mineros del Bages contraviene las directivas sobre actividades extractivas y protección del agua
La Generalitat, a punto de ser llevada al Tribunal de la UE por la contaminación del Llobregat con residuos salinos
Complejo minero de Sallent (Saromijordi / ikipedia)
, Barcelona

La Comisión Europea está a punto de llevar a España al Tribunal Europeo de Justicia de Luxemburgo por los incumplimientos de las directivas europeas sobre actividades extractivos (residuos mineros) y de calidad de agua en que ha incurrido la Generalitat de Catalunya en relación a la contaminación de la minería de potasa en cuenca del Llobregat. La Comisión ha envido a las partes un dictamen motivado (ultimo paso en este expediente) para explicar estos incumplimientos. La Generalitat, Administración responsable, dispone ahora de dos meses para dar una respuesta, aunque según fuentes de la Comisión Europea, no se descarta que se puedan ampliar los plazos si se solicita nueva información.

Este expediente se refiere a la acumulación de residuos salinos de la minería de potasa, que la empresa Iberpotash almacena sin impermeabilización en la montaña de sal de El Cogulló, en Sallent, objeto de varias sentencias judiciales en su contra.

La contaminación del Llobregat se produce porque la lluvia sobre este y otros vertederos de residuos salinos provocan cursos de agua y rieras que, por escorrentía, alcanzan el Llobregat y agravan su contaminación. Además, una parte se infiltra en el subsuelo y aflora luego a la superficie con surgencias salobres (fuentes con sal) con el mismo efecto. Este es, para muchos expertos, el principal problema ecológico de Catalunya.

La Comisión Europea inició este expediente en el año 2014 con la apertura de un procedimiento de infracción contra España por posible incumplimiento de la directiva europea sobre residuos mineros. A éste se unió una denuncia de Sebastián Estradé, un abogado y divulgador científico que, a sus 90 años, inició una campaña de denuncia contra la contaminación provocada sobre las aguas del Llobregat.

Consideraciones, evaluaciones

Al evaluar este expediente, la Comisión juzga que España incumple las obligaciones de la directiva sobre residuos “al no garantizar que los desechos del Bages se gestionen sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procesos o métodos que puedan dañar el medio ambiente”. También se dice que no se garantiza que “el operador de dichas instalaciones de residuos tome todas las medidas necesarias para prevenir o reducir, en la medida de lo posible, los efectos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana como resultado de la gestión de los desechos de extracción”.

E igualmente se valora que no se ha adoptado “un plan de gestión de residuos que cumpla con los requisitos” legales, y que, incluso, se permite que “operen sin un permiso”. La Administración catalana admitió en su respuesta que los residuos salinos (salmuera) generados en los vertederos de sal provocan la salinización de la cuenca. Y ésta es una de las razones por las cuales el Llobregat no puede alcanzar los objetivos de calidad exigidos.

El Plan de la Cuenca Fluvial de Catalunya (el plan hidrológico de las cuencas internas hasta el 2015) recogió una serie de medidas para reducir la presencia de desechos salinos; pero la CE estima que ninguna de las medidas propuestas han sido aplicadas hasta la fecha. Cree que no hay “un calendario para el logro de los objetivos de calidad de las masas de agua afectadas”, que no se ha explicado suficientemente “los motivos de la ampliación del plazo para alcanzar dichos objetivos” y que no están definidas las medidas necesarias para que las masas de mejoren progresivamente en el estado requerido.

Valoración de la Generalitat

Mercè Rius, directora general de Qualitat Ambiental, declaró que la última información enviada por la Generalitat a la CE (dentro de este expediente) data de noviembre de 2015. Por eso, sostiene que “se han valorado cosas antiguas” y que “hoy la situación es diferente: se ha enviado el plan de gestión de la cuenca, hay un programa de restauración…” No obstante, no supo precisar por qué no se ha convencido a la UE (de la necesidad de archivarlo), ya que, según admitió, al haber recibido ayer mismo el dictamen motivado, aún no ha tenido tiempo de estudiarlo.

De confirmarse que España ha incumplido sus obligaciones, podría sufrir un abanico de condenas y sanciones muy amplio, que van desde las puramente económicas a la reclamación de responsabilidades al más alto nivel.

Iberpotash extrae en las minas de Súria y Sallent potasas cuyos residuos salinos son depositados al aire libre en dos escombreras, que acumulan millones de toneladas, y que generan graves perjuicios ambientales, según las organizaciones ecologistas.

El Cogulló, ‘monumento’ a los residuos salinos

Entre ellas, destaca la monumental montaña de residuos salinos de El Cogulló (Sallent), que agravan la salinización del río Llobregat, el primer abastecedor de agua a la región metropolitana de Barcelona. Su impacto ha obligado a la Generalitat a hacer inversiones millonarias en instalaciones de filtros para depurar y potabilizar las aguas del Llobregat. Ese dinero ha sido pagado en gran parte los usuarios en el recibo del agua, por lo que, según los expertos consultados, en este caso no se cumple el principio de que “quien contamina, paga”.

Un problema añadido es que el colector-receptor que recoge las salmueras (que se vierten en el mar) se rompe con frecuencia y produce vertidos que han dañado diversas zonas, que han resultados salinizadas. Distintos colectivos sociales y particulares han denunciado desde hace años que la Generalitat ha tolerado la acumulación de residuos, y sus efectos dañinos sin exigir con éxito las medidas de protección medioambientales necesarias.

Desde el año 2011, Iberpotash ha recibido varias sentencias desfavorables a su actividad en materia medioambiental entre las cuales cabe destacar las del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que obligaba a la empresa a presentar un plan de restauración y a la Generalitat a fijar una fianza acorde a la actividad. Otros fallos sentenciaron que El Cogulló carecía de autorización ambiental y de idoneidad urbanística, lo que dejó el depósito de la escombrera de El Cogulló en la total ilegalidad.

Obligación de actuar

“La Comisión, una vez más, reitera la obligación de Iberpotash de gestionar adecuadamente sus residuos. La Generalitat, que autoriza su actividad, debería supeditar la capacidad de extracción del mineral y producción de potasa y, por lo tanto, de producción de residuos salinos, a la capacidad real de gestión de esos residuos salinos”, señala el abogado Christian Morron, experto en derecho ambiental. Este abogado destaca que no disponen de una medida correctora efectiva para reducir la contaminación que generan sus lixiviados en la cuenca del Llobregat.

“Si se continuara ignorando el derecho comunitario, dicho incumplimiento puede conllevar a la imposición de importantes sanciones que debería pagar la Generalitat”, resume.

Plan de restauración

“Estamos tranquilos; creemos que la situación ha cambiado y confiamos en que la Generalitat dará a la CE los datos que demuestran las mejoras introducidas en la época más reciente”, señala un portavoz de Iberpotash.

La empresa minera Iberpotash afirma que ha empezado a ejecutar la sentencia firme de la Audiencia de Barcelona (2016) que le obligaba a restaurar la zona contaminada (y en la cual fueron condenados tres de sus antiguos directivos, en el 2014).

Esa sentencia le exigía retirar los residuos acumulados en las escombreras y limpiar varios pozos de agua contaminados en los municipios (Súria, Callús, Santpedor…), y le conminaba a adoptar “todas aquellas medidas de restauración que sean necesarias para preservar y mantener el equilibrio ecológico perturbado”.

Un pacto para retrasar dos años el fin de los vertidos

En primer lugar, la empresa ratifica su voluntad de dejar de efectuar vertidos en El Cogulló en junio del 2019. Se comprometió inicialmente a dejar de verterlos en junio del 2017 (dentro de un plan para concentrar su actividad en Súria); pero no pudo hacerlo al retrasarse las obras de ampliación de Súria, en donde debía tratarse estos desechos. Un pacto alcanzado con el juez (que tutela la ejecución del fallo) le permitirá retrasar ese fin de vertidos dos años, con cuatro condiciones, la primera de los cuales es el compromiso de habilitar una planta para purificar la sal en El Cogulló y hacer este residuo (de mala calidad) aprovechable como sal contra los hielos. Asimismo, se ha comprometido a reducir el volumen de la extracción minera de Sallent, a llevar una parte de estos desechos a la planta de sal vacuum de Súria (de gran calidad, destinada a la industria química) y a aumentar el volumen de salmueras que van al colector-interceptor.

Eliminar las surgencias del Bages

Asimismo, para regenerar las zonas contaminadas del Bages, se ha puesto en marcha un plan de restauración para captar las surgencias de aguas salobres y conducirlas al colector, aunque la empresa admite que los geólogos no siempre son capaces de completar estas actuaciones, pues “faltan estudios” para identificar estos puntos en fincas privadas. En el mejor de los escenarios, Iberpotash espera que a partir del 2019 ya empiece a notarse una reducción del volumen de residuos en El Cogulló. Finalmente, faltará construir un nuevo colector de salmueras (el actual se rompe y contamina los suelos frecuentemente), que acometerá la Generalitat, de modo que Iberpotash lo irá pagando en el futuro con un canon.

L’ajuntament de Sallent perd davant del Suprem

Com a vegades diem mig fent broma, els jutges van posar l’ Al Capone a la presó per un delicte menor, no per la seva ocupació principal.

Així, una denuncia urbanística sobre l’ús prohibit d’abocar residus no regulat per l’ajuntament de Sallent a la zona del Cogulló va merèixer , fa 9 anys, una sentència que manava aturar l’abocament i restaurar la zona.

ICL va recórrer el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i va perdre. Ara acaba de recórrer al  Tribunal Suprem i ha perdut també; la sentència  és ferma.

Qué pasarà?

La regulació urbanística del Cogulló ha canviat  i ara seria legal abocar residus encara que la sentència continua dient que ha de parar i restituir.   A nosaltres ens sembla que trobaran una pirueta legal per saltar-se aquesta sentència

Aquest és l’article de David Bricollé l’14.11.2017 al Regió7:

El Suprem tomba el recurs de cassació sobre una de les sentències del Cogulló

L’empara l’havia sol·licitada Iberpotash per una de les resolucions urbanístiques que afecten el runam

 

El runam del Cogulló de Sallent ha estat objecte de diverses sentències

El Tribunal Suprem ha desestimat el recurs de cassació que l’empresa Iberpotash va presentar contra una de les sentències de caràcter urbanístic que deixaven en fals el runam del Cogulló. Es tracta d’un dels processos que en el seu moment (fa 9 anys) va engegar l‘Associació de Veïns Sant Antoni del Barri de la Rampinya de Sallent contra el que considerava un ús no regulat del dipòsit de residus. El Suprem ha considerat que el recurs de cassació –presentat contra una sentència del 2016 del TSJC que resolia ja un recurs anterior interposat per la mateixa empresa– no té prou fonament.

L’origen d’aquest procediment que ara ha esgotat tota la via judicial cal situar-lo 9 anys enrere. Es tracta de la petició que l’entitat va fer el 2008 a l’Ajuntament de Sallent demanant que obrís un expedient de protecció en relació amb els abocaments al runam del Cogulló, adduint que no s’ajustaven a la legalitat urbanística.

El consistori, però, va acordar el 18 d’agost d’aquell any desestimar la petició de l’associació i les mesures que els reclamaven que emprenguessin. Va ser contra aquest acord de denegació per part de l’Ajuntament que els representants de la Rampinya van presentar un contenciós administratiu, davant del qual el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els va acabar donant la raó.

El que va resoldre el jutge en la primera sentència d’aquest procediment va ser anul·lar aquella denegació que va fer l’Ajuntament de Sallent, i el va condemnar, segons deia literalment el text de la resolució judicial, «a incoar expedient de protecció de la legalitat urbanística»; a «ordenar la suspensió immediata dels usos consistents en l’abocament i dipòsit de residu salí a la zona del Cogulló» i a requerir a Iberpotash «la legalització d’aquest ús, de manera que s’ajusti a l’àmbit determinat en el planejament urbanístic vigent al municipi».

La sentència encara anava més enllà i exigia al consistori sallentí que ordenés, «en resolució del restabliment de la realitat física alterada, el desmantellament del residu salí acumulat extramurs d’aquell àmbit».

El contenciós de l’Associació de Veïns Sant Antoni del Barri de la Rampinya era contra una decisió empresa per l’Ajuntament de Sallent, però també s’hi van sumar com a codemandades tant l’empresa Iberpotash com la Generalitat.